Opinión: De un lado a otro. por José Osuna

Cuando hablamos de “revolución” nos remitimos a su raíz latina revolutio que significa dar vueltas de un lado a otro, en sentido sociológico refiere al cambio de un fenómeno a otro. Por ejemplo, la visión del histórico México pos-revolucionario era la creación y aplicación de un programa integracionista que buscaba un modelo nacionalista del país. Para lograrlo habría que reconocer la desigualdad socio-económica del territorio nacional, el papel de los pueblos originarios frente al Estado-nación, principalmente por el componente rural y agrario.

Tomando en cuenta este antecedente, a través de una estrecha relación entre la investigación antropológica (a cargo de Manuel Gamio, 1916) y el Estado, se gestó la idea de reconstruir al país con el propósito de remover el impulso nacionalista y así exaltar a la gran «Patria mexicana». De las acciones cuestionadas (incluso en la actualidad) fue la convergencia cultural, se trataba de la intención por aglutinar a los pueblos originarios en la vida social y política del país. Para ello debían desplazarse de sus comunidades a la urbe, asimismo modificar su modo de vida en función del otro (de los mestizos). En síntesis, blanquear a los miembros de un grupo étnico desde los parámetros occidentales: hablar español como el resto de la población, profesar la fe católica y conjugar los vínculos sociales con la población mestiza.

Esta propuesta de homogeneización significó desde la década de 1920-1930 en adelante una serie de exigencias para los pueblos originarios, lejos de una realidad de convergencia y unificación: mal trato en  tribunales y procesos penales de diversa índole, discriminación racial en las escuelas, discriminación por hablar la lengua nativa y por proceder de un grupo étnico, despojo de tierras y transgresión del hábitat natural para proyectos transnacionales.

No cabe duda que para los pueblos originarios la propuesta pos-revolucionaria tiene aún el efecto pinball; están de un lado a otro. A pesar de la agenda política en pro del derecho consuetudinario, los Acuerdos de San Andrés (dado en Chiapas, 1996) firmados por el EZLN y el gobierno federal, entre otras acciones que fomentan el alcance jurídico del derecho de los pueblos originarios, la realidad es fatídica. Tan solo de 2020 a 2021 han asesinado y desaparecido a un número significativo de activistas indígenas como Antonio Montes (Rarámuri) y Tomás Rojo (Yaqui), quienes buscaban la integridad del territorio al que pertenecían y la protección de los usos y costumbres. Reflexionemos pues en qué tono e intención entonamos: ¡Viva la Revolución!